Compensa Pemex lo que grandes empresas no pagan al erario

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, cuestionó ayer que la debilidad de recaudación del sistema tributario, que permitió en el sexenio de Vicente Fox devolver 680 mil millones de pesos a grandes empresas, se compensa con la transferencia cada vez mayor de los excedentes petroleros a la hacienda pública. “Petróleos Mexicanos (Pemex) desempeña una función básica de instrumento recaudatorio del gobierno federal, y entre 1995 y 2004 su carga fiscal tributaria fue de 3.3 billones de pesos”. A esto se añade, explicó, que el pasivo total por los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) es de 1.7 billones.

Al participar en el penúltimo de los foros de debate de la reforma petrolera, con el tema Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en Pemex, el auditor resaltó que persiste un alto grado de discrecionalidad y opacidad en el manejo de las inversiones de la paraestatal en 54 empresas, cuyo valor ascendía a 6 mil 533.6 millones de pesos, en diciembre de 2004, y de las cuales 21 operan en el extranjero.

En el Senado, González de Aragón propuso acabar con los regímenes especiales a favor de las grandes corporaciones que, recordó, en 2004 pagaron sólo 74 pesos de ISR y 69 de IVA, en promedio. Cuestionó que los excedentes y el fondo de estabilización se utilizan con opacidad y discrecionalidad, y consideró inaceptable “que al amparo de la modernización estos factores incrementen su nivel de riesgo, que invita a la corrupción”.

Tal discrecionalidad, señaló, permitió un manejo poco transparente de los excedentes petroleros en la administración foxista, que ascendieron a 720 mil millones de pesos, y que en su mayoría se utilizaron para el gasto corriente del gobierno del Partido Acción Nacional. Detalló: 73 por ciento se aplicó a gasto corriente, 14 a inversiones financieras y sólo 13 por ciento a inversión física directa.

De la misma forma, explicó el auditor, se ha manejado el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, del cual el gobierno federal no ha acreditado debidamente la forma en que se ha aplicado. Más aún, expuso, el exceso de discrecionalidad de funcionarios de Pemex en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos, derivó en la presentación de denuncias penales por un probable daño al erario de 3 mil 400 millones de pesos.

Como parte de su exposición, González de Aragón propuso que la reforma combata la opacidad, la corrupción y la impunidad existentes, mediante una cultura de rendición de cuentas y cero tolerancia a conductas indebidas.

Porque, refirió, a pesar de las denuncias que ha presentado la ASF ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, -éstas no han prosperado.

Confirmó que el área donde existe mayor opacidad en el manejo de las finanzas es en Pemex Internacional (PMI), que opera empresas en el extranjero “que no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia” en las cuentas públicas que entrega el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

En este caso, refirió que la petrolera no proporcionó, en la cuenta pública de 2004, informe de comisarios de 40 de sus filiales, no contaba con un esquema integral de administración que le permitiera tener el control de sus inversiones y, en el extranjero, no reportó su participación en la aseguradora Kot Insurance Co.

González de Aragón presentó otro ejemplo de discrecionalidad en la venta de acciones que Pemex tenía en Repsol, operación para la que utilizó –reveló– a la empresa RepCon Lux, como “vehículo financiero”, que emitió un bono por mil 373.7 millones de dólares con vencimiento a enero de 2011, a una tasa de 4.5 por ciento anual, y mediante la cual la paraestatal cedió a los tenedores la plusvalía.

El auditor presentó una serie de propuestas para lograr “una reforma de fondo” que beneficia a la paraestatal, entre ellas mejorar la administración y recaudación tributaria; mantener como irrenunciable la facultad del Congreso de revisar y fiscalizar a Pemex; fortalecer la autonomía y ampliar las facultades del órgano fiscalizador para que imponga sanciones administrativas y económicas; destinar los excedentes a inversión; reducir la burocracia y los trámites, así como revisar a fondo el régimen laboral de la empresa.

Porque, alertó, su pasivo laboral ascendió, al cierre de 2007, a 528 mil millones de pesos, equivalente a 4.7 por ciento del PIB. En ese mismo año, dijo, se erogaron 24 mil millones, en ese rubro, que representa 45 por ciento de la nómina. Enrique Méndez y Andrea Becerril La Jornada